La reciente movida del municipio de Baruta para atraer capital privado no es una estrategia de desarrollo, es un grito de auxilio que confunde la administración de lo público con el remate de un local comercial en quiebra.
Según reporta Banca y Negocios, la alcaldía de Baruta ha lanzado un paquete de incentivos fiscales y garantías jurídicas para que las empresas pongan su dinero ahí. A primera vista, suena a música para los oídos de cualquier director financiero: menos impuestos, menos trabas. Pero si rascamos la superficie, lo que vemos es una municipalidad admitiendo que las reglas generales no sirven y que, para que algo funcione, hay que crear un oasis artificial de privilegios.
La tesis es simple: cuando un gobierno local ofrece «seguridad jurídica» como si fuera un valor agregado o una promoción de temporada, está confesando que la norma es la inseguridad. No se está gestionando una ciudad; se está loteando la soberanía administrativa para que los privados se hagan cargo de lo que el Estado ya no sabe o no puede hacer. Es la privatización de la gestión por omisión.
En el contexto de Latinoamérica, y particularmente lo que analizamos en El Canil sobre las tensiones entre poder y mercado, este fenómeno no es exclusivo de Venezuela. Lo vemos en Chile con las corporaciones municipales que operan en zonas grises de transparencia, o en las ciudades que compiten por atraer sedes corporativas regalando el suelo. La diferencia es que en Baruta la desesperación es explícita. Si necesitas prometerle a un empresario que no le vas a cambiar las reglas del juego a mitad de camino, es porque el tablero ya está roto.
El argumento a favor es obvio y atendible: el alcalde necesita caja. Sin presupuesto central y con una infraestructura que se cae a pedazos, el pragmatismo manda. Es mejor tener una calle iluminada por una empresa a cambio de no cobrarle arbitrios, que tener una calle a oscuras. Es una lógica de supervivencia que cualquier vecino, cansado de los baches, firmaría mañana mismo.
Sin embargo, ese pragmatismo tiene un costo oculto. Al crear estos regímenes especiales, se rompe el principio de equidad. El pequeño comerciante que lleva años aguantando el chaparrón sigue pagando la tarifa completa, mientras el nuevo inversor llega con alfombra roja. Se termina construyendo una ciudad de dos velocidades: una que funciona porque es rentable para un privado, y otra que sigue en el abandono porque no hay retorno de inversión en arreglarle la vereda a un jubilado.
Si la única forma de que una ciudad sea vivible es transformarla en un centro comercial a cielo abierto con reglas a medida, entonces hemos dejado de hablar de ciudadanos para hablar exclusivamente de clientes. Al final del día, el problema de poner la gestión pública en oferta es que, una vez que vendes el derecho a cobrar y decidir, lo que queda de la institución es solo una cáscara vacía con una bandera encima.
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