Entregar un diploma a quien lleva años metiendo las manos en la basura para que una acería funcione es un gesto que camina por la cornisa entre el reconocimiento y el marketing de bajo costo.
Hace unos días, Aceros AZA celebró la certificación de competencias laborales de 41 recicladores de base. El hito, reportado por País Circular, se presenta como un avance en la profesionalización de quienes son, en la práctica, el primer eslabón de la cadena de suministro del acero en Chile. Pero en el mundo real de los negocios, donde los balances mandan, conviene preguntarse si este papel garantiza una vida mejor o si simplemente le garantiza a la empresa un reporte de sostenibilidad más limpio para sus inversionistas.
La lógica de AZA es impecable desde el punto de vista corporativo. Chile tiene una Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) que exige metas de recolección agresivas. Para cumplirlas, las empresas necesitan que los recicladores de base —históricamente informales, precarios y olvidados— estén dentro del sistema. Certificarlos no es solo un acto de bondad; es una necesidad operativa. Es blindar la fuente de materia prima asegurando que el proveedor cumple con el estándar mínimo que exige la ley y el mercado internacional.
El problema surge cuando la ‘dignidad’ se queda en la ceremonia de entrega del certificado. Un reciclador de base en comunas como Colina o San Bernardo no necesita solo que le digan que sabe hacer su trabajo; eso ya lo sabe, lo hace por hambre y por oficio hace décadas. Lo que necesita es que el precio por kilo de chatarra que recibe en la puerta de la planta no sea una miseria que lo condene a la subsistencia perpetua. Si la certificación no viene acompañada de mejores condiciones de compra, de acceso real a salud o de una integración que reduzca la brecha de poder entre el gigante del acero y el hombre del triciclo, estamos frente a una operación de relaciones públicas.
En El Canil entendemos que el mercado no es una ONG. Hay un argumento válido a favor de la empresa: es mejor tener a 41 personas con un documento que valide su oficio, que les permita entrar a otras instalaciones industriales y que les entregue nociones de seguridad personal, a tenerlos en la absoluta invisibilidad. Es un paso adelante. El reconocimiento social tiene un valor psicológico que no se puede despreciar en un país que suele mirar para el lado cuando pasa el camión de la basura.
Sin embargo, el riesgo es que estas certificaciones se conviertan en el ‘techo’ de la relación. Para una empresa que factura millones de dólares, financiar un proceso de ChileValora es una inversión marginal con un retorno reputacional altísimo. Es comprar paz social y cumplimiento normativo a precio de oferta. La verdadera prueba de fuego no es la foto con el diploma, sino cómo se reparte la torta en la economía circular. ¿Están dispuestos los gigantes industriales a pagar más por ese material ahora que está ‘certificado’? ¿O el diploma es solo el permiso para seguir trabajando igual de duro, pero con un logo de la empresa en el pecho?
Al final del día, el acero se funde a altas temperaturas, pero la realidad de la calle es fría. Si el reciclador sigue siendo el eslabón más débil, el que pone el cuerpo mientras otros ponen la firma en el reporte ESG, la certificación no es más que un barniz verde sobre una estructura que sigue siendo profundamente desigual.
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