Valdivia acaba de poner 160 millones de pesos sobre la mesa para sus emprendedores y organizaciones, pero la cifra dice más sobre la precariedad del sistema que sobre el éxito de la gestión local.
La noticia, difundida por El Naveghable, presenta la apertura de estos fondos concursables como una gran oportunidad de reactivación. Sin embargo, cuando se desglosa el monto, la realidad golpea: 160 millones de pesos chilenos son, al cambio de hoy, poco más de 170 mil dólares. Para una capital regional que pretende ser un polo tecnológico y creativo, esa cifra no alcanza para mover la aguja de la economía local; es, con suerte, una caja chica para parchar urgencias domésticas.
El problema no es que el dinero se entregue, sino cómo se entrega. El modelo del «fondo concursable» se ha convertido en el deporte nacional de la burocracia chilena. Obliga al dueño de un almacén o al creador de una pequeña agencia de servicios a detener su operación para rellenar formularios infinitos, competir contra sus vecinos y esperar meses por un cheque que, tras ser dividido entre decenas de ganadores, termina siendo una cifra marginal. Es una transferencia de recursos que genera más fotos de prensa que empleos reales.
En el análisis de poder que solemos publicar en El Canil, queda claro que estos fondos funcionan como una herramienta de contención política. Es más fácil repartir migajas en una ceremonia con aplausos que resolver los problemas de fondo que asfixian al que emprende en regiones: la falta de conectividad real, los permisos municipales que tardan años o la inseguridad en los barrios comerciales.
Es cierto que para una organización social o un microemprendedor que necesita una máquina específica o renovar un mesón de atención, dos o tres millones de pesos son una ayuda directa y bienvenida. Negar que ese dinero sirve para algo sería una ceguera. El punto es que vender esto como una estrategia de desarrollo económico es un engaño. Es asistencia social disfrazada de fomento productivo.
Si el municipio de Valdivia realmente quiere impulsar su economía, el camino no es rifar montos pequeños bajo criterios discrecionales de un jurado. El camino es bajar las barreras de entrada, digitalizar la burocracia que hoy es un lastre y dejar de tratar a los emprendedores como beneficiarios de una caridad pública. Mientras sigamos celebrando los 160 millones como un hito, seguiremos validando un sistema donde el éxito depende de qué tan bien sabes llenar un formulario estatal y no de qué tan bueno es tu producto en el mercado.
¿Qué pasaría si, en lugar de concursar por las sobras del presupuesto, los emprendedores valdivianos tuvieran una ciudad que simplemente les permitiera trabajar sin pedir permiso por cada paso?
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