Si el Estado nos protege de un cereal con exceso de azúcar, ¿por qué nos deja solos frente a un candidato con exceso de procesos judiciales?
La agencia peruana Voraz acaba de lanzar una iniciativa que, de tan obvia, parece una sátira: aplicar la Ley de Etiquetado de alimentos a los candidatos presidenciales. «Alto en corrupción», «Alto en procesos judiciales», «Alto en demagogia». Lo que empezó como una campaña de marketing digital en Lima toca una fibra sensible en toda la región, especialmente en Chile, donde fuimos pioneros en ponerle sellos negros a todo lo que nos hace daño en el supermercado.
El problema de fondo es que la política en Latinoamérica ha dejado de ser un ejercicio de representación para convertirse en un mercado de consumo masivo de baja calidad. Los candidatos se empaquetan en agencias de comunicación con el mismo cuidado con el que se lanza una nueva marca de snacks: se busca el color que genera confianza, el eslogan que pega y se ocultan los ingredientes tóxicos bajo una capa de diseño gráfico profesional. Compramos promesas sin leer la letra chica porque, sencillamente, no hay una etiqueta que nos obligue a mirar el contenido real.
En el análisis de poder que hacemos en El Canil, queda claro que la asimetría de información es la herramienta favorita del incumbente. Para entrar a trabajar como cajero en un banco chileno te piden antecedentes penales, comerciales y hasta tests psicológicos. Para dirigir el presupuesto de una nación, basta con tener el financiamiento suficiente para inundar las redes sociales de contenido segmentado que nos diga exactamente lo que queremos oír. El mercado electoral opera con una falta de regulación que sería inaceptable para cualquier otro producto de consumo.
Hay quienes argumentan, con cierta razón, que reducir la complejidad de una carrera política a un octógono de advertencia es una simplificación peligrosa. Dicen que la democracia no es un pasillo de supermercado y que los matices importan. Tienen razón: la política debería ser una discusión de ideas, no una revisión de etiquetas. Pero el argumento pierde fuerza cuando la oferta electoral es sistemáticamente dañina. Los matices son un lujo de sociedades con instituciones sólidas; cuando el sistema falla en filtrar a los impresentables, el ciudadano necesita, al menos, un sistema de alerta temprana que le indique que lo que está por meter en la urna tiene niveles de toxicidad no aptos para el consumo humano.
Poner sellos en la papeleta no va a limpiar la política de la noche a la mañana, pero sí pone en evidencia la hipocresía del sistema. Si el azúcar es un problema de salud pública, la corrupción es una enfermedad crónica del desarrollo. Quizás el problema no es que los candidatos necesiten advertencias, sino que nos hemos acostumbrado tanto a elegir entre productos vencidos que ya ni siquiera nos molesta el sabor a podrido.
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